Damián A. González es doctor en Historia Contemporánea y profesor ayudante en la Universidad de Castilla - La Mancha (España). Ha investigado, principalmente, sobre cuestiones relacionadas con la implantación de la dictadura franquista en el ámbito local, y acaba de publicar Los hombres de la dictadura (Biblioteca Añil), sobre su personal político intermedio. |
How to cite this article: González, Damián A. "Violencia política y dictadura franquista". Dissidences. Hispanic Journal of Theory and Criticism. On line. Internet: 04/29/07 (http://www.dissidences/ ViolenciaFranquista1. html) |
| "Con la caída de Cataluña salieron hacia Francia unos 470.000 españoles, ciento setenta mil de ellos mujeres, ancianos o niños, a los que hay que añadir otros 15.000 que marcharon a las posesiones galas del norte de África tras la caída del centro peninsular. Inglaterra se negaría a recibir a los rojos españoles en consonancia con la actitud de desprecio hacia la República que sostuvo desde 1931. La acogida que dispensaron las autoridades francesas a aquella masa de infortunados no pudo ser peor. " |
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La violencia y sus manifestaciones son un tema social, y en consecuencia historiográfico, de
la mayor importancia, como lo demuestra la preocupación y la repulsa que su utilización,
incluso con fines lúdico-festivos, suele despertar entre la ciudadanía. A pesar de ello, no
puede sino convenirse que la violencia no es algo extraño al ser humano, sino consustancial
al mismo y a las relaciones sociales. Su presencia, aunque con diferentes intensidades, es
una constante a lo largo de la historia lo que le ha valido ser considerada, no sin
merecimientos, como la “gran partera” de muchos de sus cambios fundamentales, si bien el
proceso general de civilización en relación con la violencia no es sino el resultado del
esfuerzo colectivo del ser humano para resolver conflictos por medios diferentes de los
violentos [1].
1. ¿Qué es la violencia política?
Dentro de las complejas clasificaciones a que se puede someter el fenómeno de la violencia,
la de carácter político tiene para los historiadores una trascendencia capital por la influencia
que suele desempeñar en los procesos de cambio, las justificaciones que su uso genera, o la
amplitud de formas e instrumentos con que se ejerce. Como se suele apuntar, violencia y
política deberían ser términos opuestos por cuanto la política no es sino el instrumento que
emplean las sociedades para evitar que los conflictos deriven en situaciones de violencia. La
práctica nos demuestra sin embargo la potente asociación entre ambos conceptos incluso en
las sociedades democráticas. Desde la publicación del Leviatán muchas teorías
consideran que la violencia es inherente a la acción política por cuanto el mantenimiento de
la paz social implica necesariamente que el Estado se erija como garante de la misma
asumiendo el monopolio exclusivo de la violencia. Pero para que se pueda hablar de
violencia en la política no es necesario que se produzcan episodios explícitos y radicales.
Como señala González Calleja, cuyos trabajos constituyen una referencia para esta
introducción, la política es persuasión y negociación, pero a la par utiliza demostraciones
potencialmente violentas como la presión o la amenaza, lo que le hace convenir junto a Peter
A. R. Calvert que buena parte de la actividad política no es más que el producto de una
violencia latente ritualizada (“Qué es y qué no es la violencia en política” 51). La violencia
en política adquiere así un carácter ambivalente, de una parte se la margina como
resultado del proceso de civilización que conduce a su reducción, pero por otra continúa
siendo un recurso más de la actividad. La violencia política no es por tanto algo excepcional
sino corriente.
Partiendo del hecho de que tampoco existe una definición unívoca y aceptada de violencia
política, considero que ésta queda bien perfilada si la consideramos como
El uso consciente (aunque no siempre deliberado o premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza
física por parte de individuos, instituciones, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los
espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de
gobierno, y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado. (“Violencia
política y represión en la España franquista” 122)
Pero al igual que sucede con la violencia genérica, los abundantes matices de la política no
se explican exclusivamente a partir del factor fuerza por cuanto este tipo de violencia suele y
puede adoptar “una forma latente” o “insidiosa” (miedo, autocensura) y mostrarse a través
de “sutiles mecanismos de presión psicológica” (“Qué es y qué no es la violencia en
política” 51-53) especialmente acompañando o con posterioridad a un periodo de represión
física.
El objetivo de toda violencia política es el poder (relación social que se define por la
capacidad de A para hacer que B le obedezca), cuya institucionalización conduce
necesariamente a una división entre gobernantes y gobernados que se relacionan a través
del principio incuestionable de la autoridad (capacidad de obtener obediencia, voluntaria
o forzada, a un mandato o prohibición bajo amenaza de punición), basada siempre, y con
independencia de su legitimidad, en el ejercicio de la fuerza. Cualquier Estado dispone de
unos recursos básicos, que se ubican en el marco de la violencia política, para imponer su
autoridad. Básicamente puede hablarse de tres: represión, control social y coacción legal.
La represión consiste en “el empleo de mecanismos de control y de sanción de
conductas que el poder establecido califica como desviadas” en el orden político, ideológico
o social y que “engloba un amplio abanico de actuaciones que pueden ir desde la violencia
física o psicológica hasta el dirigismo de conductas públicas y privadas”, punto este último
que se acercaría bastante al concepto de control social. El control social comprende
todos aquellos instrumentos de actuación, tanto positivos como negativos, que utiliza una
sociedad o grupo social para modelar a sus miembros a las normas que caracterizan la vida
comunitaria, e impedir y desanimar comportamientos que se desvíen de esas normas.
Cuando el Estado mantiene el orden a través del monopolio de la violencia con la
aquiescencia de la mayor parte de su ciudadanía y de acuerdo a un marco normativo y
jurídico, entonces puede hablarse de coerción legal (“El Estado ante la violencia” 365).
Será sobre los conceptos de represión y control social como manifestaciones concretas de la
violencia política, sobre los que descanse a partir de este momento mi discurso acerca del
caso concreto de la dictadura franquista.
2. La represión: clave de bóveda de la dictadura franquista
A diferencia de la republicana, en la España rebelde la represión tuvo un carácter
“absolutamente premeditado, sistemático, institucionalizado, hasta transformarse en un
objetivo en sí mismo” para la construcción del nuevo Estado (“De guerra contra el invasor a
guerra fraticida” 26). Las conocidas instrucciones reservadas del cerebro de la conspiración
a dos meses vista de la sublevación son una clara evidencia de la vocación exterminadora
con que nacía el movimiento subversivo, aunque con más claridad, si cabe, se expresaría el
19 de julio de 1936 cuando ordenaba: “sembrar el terror (…) eliminando sin escrúpulos ni
vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Así pues y desde el mismo momento
en que se inicia la subversión, la eliminación física del adversario político se convirtió en la
forma habitual de ejercer la autoridad por parte de los sublevados (Reig Tapia 126) [2], que
perseguían no sólo conquistar por la fuerza el poder político y la obediencia de los
ciudadanos, sino proteger y preservar el viejo orden económico y social amenazado por la
democracia, las reformas y las conquistas de las clases trabajadoras (“La sombra del
franquismo: ignorar la historia y huir del pasado” 8). Eso era lo que estaba en juego y esa es
sin duda la función social y la misión histórica del movimiento subversivo, liquidar
definitivamente el viejo conflicto por la hegemonía entre las clases tradicionalmente
dominantes y los colectivos populares organizados, que en el caso español puede
remontarse al menos hasta 1917.
La violencia ejercida por el Estado rebelde adquiere así un carácter estructural, en
primer lugar porque se desencadena para resolver un conflicto estructural, y después
porque acabó siendo “un elemento constitutivo del propio régimen, un pilar básico del
ordenamiento jurídico-político durante todas las fases por las que atravesó la dictadura” (“El
Estado ante la violencia” 391). En este sentido la represión franquista hay que entenderla
como una “estrategia múltiple” que no sólo sirve para la eliminación puntual de la disidencia
política y el escarmiento social, sino que pensando en el futuro, se mantiene para encarecer
al máximo los costes de cualquier oposición y propagar un sentimiento lo más amplio y
profundo posible de sumisión, pasividad y autocensura por el miedo que garantice la
estabilidad-perdurabilidad del régimen (“El Estado ante la violencia” 392) [3]. Para ello el
uso de la fuerza adoptó numerosas formas y dispuso de diferentes actores, pero siempre
ocupó un lugar central en la dictadura como herramienta básica del Estado para construir y
sostener el orden político, social, laboral, familiar, económico, religioso, etc., deseado. El
motivo no fue otro que la negativa sistemática por parte de sus dirigentes a poner en marcha
verdaderas políticas de reconciliación o de creación de una comunidad nacional integradora
[4]. Esa integración sólo era posible en el marco de la ortodoxia dictatorial por lo que la
fractura política y social permaneció siempre y limitó considerablemente la eficacia del
sistema (capacidad para encontrar soluciones reales a los problemas y demandas del
sistema político y social), convirtiéndose así la violencia en una parte insustituible del edificio
dictatorial.
3. Las caras del terror franquista
Con el final de una guerra suele sobrevenir indefectiblemente la paz. No fue el caso de
España en 1939, lo que constituye una excepción relevante si comparamos la española con
otras guerras civiles europeas que desembocan en el establecimiento de regímenes
dictatoriales reaccionarios. El primero de abril de 1939 sólo terminó la guerra oficial con
ejércitos y frentes, iniciándose otra no declarada pero igualmente devastadora, primero
contra el enemigo derrotado e inerte, y posteriormente contra cualquier tipo de disidencia o
amenaza interior. La paz fue cosa de media España, mientras la otra media agonizaba o se
la perseguía en virtud de la “ley de la victoria”.
3.1. La represión física
La política represiva franquista no responde a la aplicación de una nueva normativa
sancionadora sino a la perversa utilización de las disposiciones legales que la República
había empleado para su propia defensa. Los rebeldes se limitaron a declarar el estado de
guerra en todo el territorio que controlaban (situación excepcional que se prolongaría,
para combatir a la guerrilla, hasta el 7 de abril de 1948), y con esta rudimentaria base
jurídica, aplicada sistemáticamente desde el mismo 19 de julio, convirtieron en reos de
rebelión militar a todos aquellos que habían permanecido leales a la legalidad
constitucional por acción u omisión (amplísima tipificación del delito [5]) y con la única
finalidad de eliminar la disidencia.
El principal instrumento para el ejercicio de la represión física por motivos políticos fue la
justicia militar, ejercida de forma arbitraria y en ausencia de cualquier tipo de garantía
procesal. La jurisdicción castrense predominó de forma absoluta desde los inicios (la justicia
ordinaria se militarizó), lo que no significa que los militares acumulasen en exclusiva el
monopolio de la represión. Desde julio del treinta y seis y hasta más allá incluso de 1939,
fueron auxiliados en su macabra misión por civiles radicalizados, propietarios (Córdoba en
la posguerra 26) y falangistas en una suerte de violencia espontánea (ejecuciones sin
juicio que se producen en forma de paseo o en aplicación de la ley de fugas) que tuvo
especial incidencia durante los primeros meses de guerra y con la entrada de las tropas
rebeldes en pueblos ciudades. No fueron sin embargo hechos aislados, ni violencia
descontrolada, simplemente el Ejército permitió a estos grupos que comenzasen la tarea de
limpieza allí donde se suponía que el enemigo era más numeroso [6].
La cifra total de ejecuciones consumadas por el bando rebelde está todavía por
determinarse. Actualmente manejamos números fiables para 25 provincias totales y 7
parciales que arrojan una cantidad que supera los 90.000 republicanos asesinados, y que en
una proyección general podrían terminar convirtiéndose en unos 140.000 (Víctimas de la
guerra civil 411), [7] por lo general jornaleros y obreros manuales. Cualquiera que sea la
cifra, lo más importante es que cada una de esas víctimas responde a la vocación
aniquiladora de un movimiento subversivo que pretendía ser, en palabras de Queipo, “un
movimiento depurador del pueblo español”, lo que suponía deshacerse de todos aquellos
que hubieran intervenido, hasta en el grado más modesto, en los cambios que habían puesto
en jaque a todo un sistema de dominación, reeducar a los recuperables y “vigilar que en lo
sucesivo no pudiera volver a producirse una contaminación ideológica semejante”
(“Construyendo a Caín” 238). [8]
Como señalaba un fiscal en un consejo de guerra después de reconocer cuan poco le
importaba si los acusados eran o no inocentes, en realidad no era sólo el tribunal militar el
responsable de las sentencias de muerte que dictaba,
Son sus pueblos, sus enemigos, sus convecinos. Yo me limito a decir en voz alta lo que otros han
hecho en silencio. Mi actitud es cruel y despiadada y parece que sea yo el encargado de alimentar los
piquetes de ejecución para que no paren su labor de limpieza social. Pero no, aquí participamos
todos los que hemos ganado la guerra y deseamos eliminar toda oposición para imponer nuestro
orden. (Sabín 24)
Y no le faltaba razón, la denuncia o violencia desde abajo, fue sin duda el motor principal de
la justicia [9]. La represión física vino organizada desde arriba, por los militares, pero las
víctimas de los pelotones de fusilamiento y los inquilinos de las cárceles los proporcionó la
colaboración ciudadana. Los motivos que empujaban a la denuncia y la delación, son
numerosos. En primera instancia satisfacían las ansias de venganza de familiares y amigos
contra los que consideraban responsables directos o indirectos de la muerte de sus deudos,
aunque con mucha frecuencia la denuncia solía responder a viejas rencillas personales o
laborales así como al ansia de rapiña sobre los bienes de los vencidos. La denuncia fue
también la consecuencia deseada del terror desatado por el bando rebelde: una delación
realizada a tiempo y con cruel resolución podía evitar que la represión terminase
dirigiéndose contra uno mismo. El miedo, el ambiente social irrespirable para el vencido y el
encanallamiento de las relaciones sociales en la posguerra que el nuevo régimen fue capaz
de difundir, llegó hasta el extremo de quebrar convicciones, lazos afectivos y de solidaridad
en los vecindarios, que organizaron la propia depuración de su entorno permitiendo así a la
justicia militar llegar a donde jamás hubieran podido llegar. Finalmente señalar que la
denuncia y la delación fue para muchos “el primer acto político de compromiso con la
dictadura” (“Una dictadura de cuarenta años” 32) [10]. Un número considerable de
españoles, para nada limitado a la temida tríada local compuesta por el cura, el alcalde y la
guardia civil, selló de esta manera un pacto de sangre con la dictadura que facilitó, junto
al botín material obtenido, la cohesión entre los vencedores, y dificultó que con el tiempo se
impusiera un proyecto reconciliador. Aunque tampoco hay que sorprenderse, la rebelión
contó con una base social razonablemente amplia que luego juzgó necesaria la purificación
de la sociedad por la represión. La dictadura no fue por tanto el resultado de la expropiación
de las libertades y los derechos conquistados por un puñado de militares reaccionarios, ni la
represión producto del monopolio de la fuerza y la coerción por parte de militares y policías.
Si no comprendemos esto, difícilmente entenderemos la supervivencia y la consolidación de
la dictadura.
La de los cuarenta fue sin duda una década consagrada a la violencia física y durante la
misma el régimen puso de manifiesto hasta dónde estaba dispuesto a llegar para
mantenerse vigente. Pero es un error identificar violencia física y años cuarenta. Si la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones, fue una constante durante toda la dictadura,
la física no fue una excepción, y solo su amplitud, no su intensidad, marca diferencias entre
la primera etapa y las posteriores. Castigado el republicanismo y el izquierdismo hasta en
sus más nimias manifestaciones, el miedo inoculado entre la población se convertirá en un
eficaz mecanismo auxiliar de la red de vigilancia y control, formal e informal, diseñada por la
dictadura [11], así como en el conductor de una extensa, aunque relativa, desmovilización. El
carácter antieconómico de la represión indiscriminada, pero especialmente la progresiva
integración de la dictadura en la comunidad política y económica internacional, contribuyó a
fortalecer la sensación de seguridad en el seno del régimen, por lo que de cara a favorecer su
imagen exterior, la transformación de la represión indiscriminada en otra mucho más
selectiva pero igualmente dura (aunque menos eficaz) acabó por convertirse en la opción
más conveniente y deseable.
Tras acabar con la guerrilla, los enemigos del treinta y seis quedaron eliminados, silenciados
o exiliados, pero pronto aparecería otro mucho más difuso, menos organizado y por tanto
más difícil de controlar, integrado por las nuevas generaciones de la posguerra. De los
productores disciplinados de antaño comenzaron a brotar minorías subversivas, y entre
los estudiantes universitarios creció un inconformismo creciente con un sistema inmóvil que
ni comprendían ni les satisfacía. Todos ellos, junto con los dirigentes políticos y sindicales en
la clandestinidad (cuyas organizaciones fueron desarticuladas una y otra vez desde la
segunda mitad de los cuarenta) se convertirían, especialmente a partir de la década de los
cincuenta, en objeto preferente de la represión política. Cárcel, palizas y disparos a
manifestantes con resultado de muerte [12], y torturas (tristemente famosas fueron las
comisarías de Vía Laietana o la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol) fueron
los procedimientos más utilizados, que se complementaban con multas, despidos y
deportaciones.
La pena de muerte continuó no sólo vigente, sino en uso, no hay que olvidarlo, siendo sus
principales destinatarios, pero no exclusivos, miembros de grupos terroristas (ETA y FRAP).
Contabilidad al margen, una de las diferencias más importantes entre la represión de los
cuarenta y la posterior, fue sin duda su eficacia. La intensidad de la represión contra
trabajadores, universitarios, sacerdotes comprometidos y el entorno del terrorismo vasco
durante los sesenta y setenta, contribuyó al debilitamiento de la dictadura, ya que lejos de
desactivar los movimientos de oposición y reivindicación, los reforzó gracias, entre otros
factores, a la repercusión internacional de las acciones represivas.
3.2. La represión económica
Con la proximidad del final de la guerra y en la inmediata posguerra, el bando rebelde
realizó algunos esfuerzos legislativos con la finalidad de perfeccionar y mantener elevado el
nivel de terror que venía sosteniendo desde 1936. El objetivo último no era otro que evitar
que los desafectos pudieran disfrutar del más leve respiro jurídico, que se sintieran
seguros. De tal manera que durante la posguerra asistimos al levantamiento frente a los
vencidos de un muro conformado por una multiplicación de órganos jurisdiccionales
especiales [13] con una única finalidad: servir de instrumento para la persecución y castigo
del vencido y el enemigo político [14]. No me detendré en la enumeración y el análisis de
esta prolija legislación represiva [15], simplemente quisiera señalar que si bien el régimen se
encargó, con el tiempo, de ir modificándola para adecuarla a las cambiantes circunstancias,
a cada ley que derogaba le seguía otra de similares características (“Una dictadura de
cuarenta años” 23) que mantuvo intacto el estado de excepción permanente y el
protagonismo de la jurisdicción militar desde 1936 hasta más allá de 1975.
De entre ese muro (integrado, entre otras, por las durísimas disposiciones de la Ley de
Rebelión Militar de 1943 o la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de
1940), cabría destacar la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) por constituir la
vertiente legal o judicial del expolio económico de los vencidos. Se trataba de una ley
aberrante que permitía a los tribunales dictaminar responsabilidades civiles con carácter
retroactivo desde octubre de 1934 y póstumo. La norma ampliaba considerablemente el
campo potencial de actuación sobre la delincuencia política punible respecto a la no
colaboración por acción u omisión al triunfo de la rebeldía, a la filiación partidaria, sindical o
masónica, a la participación electoral o gubernamental durante el régimen republicano, y a
cualquier actuación que pudiera interpretarse como favorecedora de un estado de cosas
que, decían, obligó finalmente a la intervención militar (“El Estado ante la violencia” 394).
A través de una deliberada ampliación del hecho delictivo y la obligación de las familias de
responder por las sanciones que se imponían a sus miembros vivos, muertos, exiliados o
desaparecidos, se ha escrito que la LRP actuó como agente democratizador del miedo.
Su función no era recaudatoria, la prueba es que al tratarse de expediente incoados
mayoritariamente a obreros terminaban siendo sobreseídos por insolvencia, sino intimidar y
desmovilizar, servir de escarmiento complementario al vencido (todos los condenados por
un consejo de guerra fueron también expedientados por el TRP) y mostrarle el precio de
meterse en política (“La represión en la posguerra” 343). Para los que tenían algún tipo de
bienes, un expediente del TRP (que podía iniciarse con una simple denuncia por parte de
individuos de probada solvencia moral y política) suponía, en palabras de Marc Carrillo,
la “muerte civil”, la ruina del encausado y su familia [16]. Después de abrir unos trescientos
mil, en 1945 se decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron
su tramitación hasta mediados de los años sesenta.
Pero como señalaba al inicio, esta sólo fue la vertiente legal del expolio al vencido (o
“desamortización de bienes marxistas” como la ha llamado Francisco Espinosa), que como
sucedió con la física, tuvo otra absolutamente ilegal y arbitraria que perfectamente puede
calificarse de robo y rapiña aprovechando la postración de los vencidos y de la que todavía
no sabemos demasiado. Conocidas son las razzias protagonizadas por las tropas moras
al servicio de Franco, las casas de las personas de izquierda, muchas veces fusiladas o en el
exilio (caso de intelectuales y políticos) fueron desvalijadas o incautadas, multitud de
propiedades y negocios cambiaron de manos o fueron cerrados por los nuevos jerifaltes
como represalia o como fórmula para acabar con la competencia [17]. Con todo, lo peor
parece que fue lo que sucedió en las zonas rurales con las Comisiones de Recuperación
Agrícola, encargadas de desmantelar las colectividades agrarias y gestionar la devolución
de las fincas a sus propietarios. Un desmantelamiento que se convertiría en un suculento
negocio para los propietarios partícipes de la victoria que recuperarían lo que era suyo, y de
paso, se apoderarían, en el mejor de los casos pagando precios irrisorios, de tierras, aperos,
bestias y cosechas que no lo eran. Las colectividades se crearon con tierras incautadas a
propietarios desafectos a las que se unieron, voluntariamente o no, otros muchos de diversa
ideología y que en 1939 ni se atrevieron a reclamar lo que les pertenecía (algunos porque
desde la propia localidad se les impidió regresar donde habían dejado familia y bienes), esos
excedentes del miedo se los repartirían obscenamente los vencedores. A todo ello habría que
unir desahucios ilegales de arrendatarios con derechos consolidados, propietarios que, por
pura venganza, se negaron a dar empleo a los jornaleros [18], y el regreso a los campos de
España del “señoritismo de la peor calaña” por el cual volvieron a abonar por salario lo que
les venía en gana y los malos usos laborales de siempre (Bernal 132).
3.3. El exilio
El exilio forzado para escapar de las represalias que les reservaban, por rojos, separatistas
y republicanos, las tropas de Franco en el final de la guerra, no es, como dice la profesora
Mir, ninguna cuestión menor, sino una forma más de represión que como la mayoría
presenta una doble y trágica vertiente. De una parte la que afecta directamente al sujeto que
se extraña, y de otra las “consecuencias que el exilio tuvo sobre la vida cotidiana de quienes
quedaron al frente de hogares deshechos, especialmente mujeres” así como en la influencia
que este fenómeno tuvo “en la disgregación de familias, de las que, en algunos casos no ha
quedado el menor rastro” en los lugares donde vivieron, víctimas de la marginación y la
exclusión a que la dictadura sometió a todo aquello que recordase a los exiliados (“El sino de
los vencidos” 155).
Con la caída de Cataluña salieron hacia Francia unos 470.000 españoles, ciento setenta mil
de ellos mujeres, ancianos o niños, a los que hay que añadir otros 15.000 que marcharon a
las posesiones galas del norte de África tras la caída del centro peninsular. Inglaterra se
negaría a recibir a los rojos españoles en consonancia con la actitud de desprecio hacia
la República que sostuvo desde 1931. La acogida que dispensaron las autoridades francesas
a aquella masa de infortunados no pudo ser peor. En un contexto de crisis de la identidad
nacional francesa, los republicanos españoles fueron acogidos como merecía un peligroso
hatajo de indeseables, de forma hostil y humillante. Bestias, horda maldita, residuos,
amenaza, torturadores, criminales o violadores, fueron algunos de los calificativos que una
parte prensa francesa dedicó a los refugiados (Vilanova 94), que en primera instancia
constituían un problema de gravedad en materia sanitaria, humanitaria, laboral, diplomática
y de orden público. Planteada de esta manera la cuestión de los republicanos, el gobierno
francés volvió a cerrar los ojos ante lo que sucedía en España y apostó por las repatriaciones
negociadas, alentadas también cínicamente desde el otro lado de los Pirineos [19], y que
reducirían considerablemente el número de refugiados en el país vecino, donde por otra
parte sólo habían encontrado lo mismo que les aguardaba en España, campos de
concentración, cárceles, hambre, golpes y desprecio.
Eso sí, cuando con el paso de los meses comenzaron a concretarse los peores augurios con
respecto a Alemania, la Francia democrática no dudó en utilizar a los refugiados españoles
(en 1949 quedaban unos 125.000) para las más diversas tareas por el interés económico y
militar de la nación. En abril de 1940 había 55.000 españoles en Compañías de Trabajadores
Extranjeros, 40.000 bajo control del Ministerio de Trabajo incorporados a la industria y
la agricultura (todos ellos en régimen de semi-esclavitud y bajo disciplina militar), 6.000
entre la Legión y Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros (sin los derechos de un
francés), y 3.000 no aptos para trabajo alguno, en campos de concentración. La derrota
francesa frente a Alemania añadiría nuevas penalidades para todos aquellos refugiados,
especialmente para aquellos enviados a las zonas de ocupación. De nuevo campos de
concentración y trabajos forzados en ambas zonas, y ahora también campos de exterminio,
allí terminarían, con la connivencia de la dictadura española, unos 15.000 españoles (unos
8.000 a Mauthausen, de categoría III para irrecuperables políticos) de los que sobrevivirían
apenas la mitad [20].
3.4. España, una inmensa prisión
Si Hitler y Mussolini, en tiempos de paz, no mataron tanto como Franco (Malefakis 47),
tampoco ninguna dictadura coetánea encarceló tanto como la franquista. El primer eslabón
del universo penitenciario y de la cadena represiva franquista fueron los campos de
concentración, que si bien existieron en ambos bandos durante toda la guerra, proliferarían
tras el derrumbe del ejército republicano. Existieron entre 150 y 188 campos de
concentración por los que se cree que pasaron al menos 367.000 prisioneros. La mayoría de
estos campos sirvieron para acoger al cautivo y desarmado ejército republicano y proceder
al esclarecimiento de las responsabilidades por las que habrían de responder cada uno de
sus miembros. Como el régimen no podía pedir informes individualizados de cada uno de
sus miles de prisioneros, cada uno de ellos debía solicitar a su lugar de residencia el aval
(“avalado sea Dios”, se decía) correspondiente, iniciándose en este punto y paralelamente
las penalidades y humillaciones que habrían de soportar sus familias durante su cautiverio.
Tenían por tanto estos campos de concentración un carácter preventivo (no se cumplían
penas sino que constituían la antesala de la justicia), clasificatorio y provisional (estaban
pensados para desaparecer) (Rodrigo 19). No fueron campos de exterminio, pero comparten
con ellos algunas estrategias entre las que se incluyen las ejecuciones aleatorias o selectivas,
y la consideración del preso como una degeneración execrable y peligrosa de la raza
humana por la cual estaba perfectamente justificado y se consideraba hasta necesario, su
castigo, humillación y eliminación [21].
Aquellos que en primera instancia lograron salvar la vida, terminarían en el exuberante
dispositivo carcelario franquista montado improvisadamente a lo largo y ancho de toda la
geografía nacional aprovechando casi cualquier edificio con cuatro paredes. Allí esperarían,
algunos presos durante más de una década, su obligado paso por los consejos de guerra o el
cumplimiento de las sentencias, convirtiéndose de esta manera la cárcel en el eje alrededor
del cual giraba no sólo la desesperación del preso, sino también de sus familias, muchas de
ellas desplazadas, que se desvivían por hacerles llegar el alimento que dentro no recibían.
La cárcel, como ya señaló Ortiz Heras, constituye la pieza clave de la represión franquista
(Violencia política en la II República y el primer franquismo 308), y como tal acumula
las esencias del nuevo orden político y social instaurado tras la sublevación. La prisión no es
tan sólo el instrumento para el mantenimiento del sistema “sino que la prisión constituye el
núcleo mismo del ejercicio del poder” (“La institucionalización del universo penitenciario
franquista” 135), y su análisis nos revela las claves de la nueva relación entre vencedores y
vencidos: sumisión, jerarquía, disciplina y esfuerzo-sacrificio. Si la reclusión y el aislamiento
son las formas tradicionalmente consideradas adecuadas para hacer pagar por las ofensas a
un determinado sistema de dominación, el franquismo conseguirá dar una vuelta de tuerca
al clásico vigilar y castigar que, en palabras de Ricard Vinyes, ahora será sustituido
por “doblegar y transformar” como finalidad última del sistema penitenciario. Un sistema
que funcionó como “una gran industria” cuya maquinaria se encargó de ejecutar todo un
elenco de actuaciones (políticas, culturales, sociales y económicas) con el objeto de “obtener
la transformación existencial completa de los capturados y, por extensión, de sus familias”
(“El universo penitenciario durante el franquismo” 156). El proceso comenzaba por someter
al recluso a la más absoluta e intensa desposesión material por el hambre, la enfermedad,
las humillaciones derivadas del hacinamiento, las palizas, la suciedad, o la presión de los
sacerdotes aprovechando las necesidades del preso y sus familias, para terminar con la
pérdida de sus defensas psicológicas y la transformación del preso en una nada sumisa y sin
voluntad. Obtenían así una degradación integral de la persona porque “un ser humano
degradado y cosificado” (“La represión en la posguerra” 289) es luego incapaz de caer en la
tentación de organizarse políticamente.
La fórmula anterior, como acertadamente señala Vinyes, debió aportar los resultados
importantes con los que él denomina “presos anteriores”, es decir, con la masa heterogénea,
caótica y desmesurada de presos por causas de guerra. Padecieron calamidades
inenarrables, pero su número obligó al Estado a indultarles finalmente. Cosa diferente fueron
los “presos posteriores”, aquellos que conscientes de las consecuencias osaron desafiar a los
vencedores. Ellos estaban preparados y organizados, sabían desarrollar estrategias para
sostener su condición e identidad, y como tales padecieron sofisticadas torturas (no simples
palizas que terminaban con la vida del preso y la aplicación de la Ley de Fugas), fueron
separados del resto, recibían las condenas en firme más duras y no podían ser indultados.
Como sucedía con los fusilados, tampoco con los presos estamos en condiciones de ofrecer
un número certero de los que fueron. La cifra más utilizada es la oficial del Ministerio de
Justicia publicada en 1946 y que fijaba exactamente su cantidad para 1940 en 280.000,
aunque diferentes interpretaciones sobre esta contabilidad hacen presumir un número
superior. En cualquier caso la capacidad carcelaria española en 1939 era de apenas dos
decenas de miles, lo que generó un problema de gran magnitud tanto para los presos, que
se morían de hambre y enfermedades, como para el Estado por otros motivos. A la dictadura
le preocupaba el colapso de la administración de justicia, el dinero que costaba mantener
aquel derroche punitivo, y la inseguridad creciente de unas cárceles en las que no se quería
gastar. Preocupaciones a las que se podrían añadir la falta de brazos en las faenas agrícolas
y el colapso de las instituciones benéficas, especialmente Auxilio Social, con niños, mujeres y
ancianos desamparados por falta de su mantenedor [22]. Todo ello, y no razones de
humanidad, determinó la publicación de sucesivos indultos entre 1940 y 1945 que terminaron
con el problema penitenciario, eso sí, de una forma perfectamente organizada y controlada.
Previamente el Estado se había preocupado de crear un órgano que conectase el sistema
penitenciario con los poderes locales (Servicio de Libertad Vigilada, 22 mayo 1943) y
que obligaba al liberto a presentarse periódicamente en el cuartel de la guardia civil con la
excusa de tutelar su reinserción. La realidad era que el régimen se aseguraba un perfecto
control sobre el excarcelado y su entorno, al tiempo que lo exponía a pública vergüenza. Los
pueblos se convirtieron así en una cruel prolongación del espacio carcelario donde no
faltaron ni las palizas ni las coacciones, hasta el punto de que muchos libertos se verían
abocados a escoger entre la marginalidad, el suicidio o el monte.
Pero antes de decidirse a vaciar las cárceles de anteriores, la dictadura supo encontrar una
vía intermedia entre el antieconómico cumplimiento inflexible de las condenas impuestas, y
medidas de amnistía que pudieran dar la impresión de debilidad o de que los reos habían
sido en realidad injustamente condenados. Me refiero a la creación por el Ministerio de
Justicia del sistema de Redención de Penas por el Trabajo (7 octubre 1938) que permitía
a reclusos con un perfil muy determinado redimir su pena a cambio de trabajo. Proclamas
redentoristas y réditos simbólicos o propagandísticos al margen, la dictadura buscó y
encontró la rentabilidad económica de una parte de su inmensa población carcelaria que,
convertida en mano de obra barata a disposición del Estado o alquilada a empresas privadas,
colaboró a financiar el sistema represivo, engordó la cuenta de resultados de industrias y
constructoras afines y, a cambio de un pequeño salario, aliviaría la situación desesperada en
que se encontraban sus familias, para quienes y dicho sea de paso, las oficinas de cobro se
convertirían en un instrumento más de control y vigilancia [23].
Después de la década de los cuarenta y hasta más allá de la muerte del dictador, la cárcel
continuaría siendo el eje vertebrador de la represión franquista, que continuó encarcelando
con normalidad a sus opositores previa condena por los tribunales militares. La imagen de
los presos del franquismo continúa siendo la de la masa de republicanos derrotados, y bien
está que así sea, pero ni su número ni sus terribles sufrimientos deben eclipsar la realidad
penitenciaria posterior que compartieron, en diferentes grados, decenas de miles de
españoles [24], generalmente por no resignarse y atreverse a ejercer los derechos
arrebatados a sus padres.
3.5. Los niños perdidos
Las mujeres y los niños rojos también formaron parte del universo penitenciario
franquista. Ellos también perdieron la guerra. Para 1940 sabemos que las cárceles españolas
acogían a más de 20.000 presas políticas y como en el caso de los varones, su ingreso no
tenía por qué guardar relación con un compromiso político, en este caso bastaba con ser
esposa o madre de rojo, lo que equivalía a no haber sabido cumplir con su misión específica
como mujer y llevar a sus varones por la senda correcta. Eran tan responsables de lo
sucedido como los hombres, por lo que recibirían un trato igualmente cruel y vejatorio para
que a través del dolor, la miseria y el adoctrinamiento encontrasen finalmente el camino de
la purificación. Una cruel y dolorosa tarea de la que participarían gustosamente las religiosas
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2005 “por su excepcional labor social y humanitaria (…) desarrollada de una manera
ejemplar durante cerca de cuatro siglos”, y responsables de los infiernos terrenales que
fueron prisiones como Ventas o Les Corts [25].
Al sufrimiento físico y psicológico dispensado a la mujer presa especialmente, pero también
al hombre, el régimen añadió otro suplementario que tuvo por objeto a su posesión más
amada: sus hijos. Aquellos que tuvieron la no pequeña fortuna de sobrevivir en prisión junto
a su madre hasta los cuatro años, y también muchos que por su edad no llegaron a ingresar,
fueron legal y arbitrariamente derivados hacia el extenso espacio tutelar diseñado por el
Estado y del que eran responsables falangistas y católicos. Una red asistencial que,
apoyándose en los delirios eugenésicos del doctor Vallejo Nágera, debía servir para
combatir la propensión degenerativa de los niños criados en un ambiente republicano
mediante la educación en los valores del régimen y la eliminación de su memoria de
cualquier referencia, por nociva, a sus progenitores. Según investigaciones recientes, se
dieron casos de lavado de identidad hasta el punto de que hubo niñas (objeto preferente de
estas tutelas) que llegaron a aborrecer a sus padres biológicos y tomaron los hábitos tras
asumir la “culpa” derivada de su “criminalidad”.
Para gestionar la tutela y reeducación de los hijos de preso por el Estado, se creó en 1943 el
Patronato de San Pablo, que con 258 centros administró las vidas de más de treinta mil
niños hasta 1954. Son los que Vinyes, Armengol y Belis han definido como “nuestros niños
perdidos”. Perdidos porque se negó a sus padres el derecho a educarlos, y perdidos
físicamente durante años o para siempre [26]. En esa categoría podrían incluirse los
afectados por la ley de 4 de diciembre de 1941, por la cual todos aquellos niños repatriados,
cuyos padres no fueran localizados y no recordasen su nombre, podían ser inscritos con un
nombre distinto. Con esta medida se permitía que hijos de fusilados, presos, exiliados o
desaparecidos, pudieran ser adoptados por familias adictas al régimen.
3.6. Represión laboral
El trabajo, como cualquier otro medio de supervivencia en la España de posguerra, se
convirtió en una parte fundamental del botín de la victoria, en la recompensa para todos
aquellos que habían colaborado en el triunfo de la sublevación. Para ello vieron la luz la ley
para la depuración del funcionariado (10 febrero 1939) y la de empleo público (25 agosto
1939). La primera perseguía desalojar de la administración pública a todo el personal que no
pudiese acreditar su afección a la rebeldía, privar de su trabajo y medio de vida a los
desafectos (a veces condenándolos, por edad y habilidades, a la marginalidad), eliminar toda
su influencia social y, finalmente y aprovechando el hueco creado, asegurar un puesto de
trabajo a los más fieles. La segunda consagraba precisamente esta última circunstancia al
reservar el 80% de las plazas que saliesen a concurso para los apoyos de la dictadura:
mutilados, oficiales provisionales, excombatientes, huérfanos de la represión republicana,
etc. La purga más feroz, quizá por ser la mejor estudiada, se desató contra la mejor
realización de la República, la educación, pero no hay que perder de vista que las hubo
también fuera de la administración pública y afectaron tanto a trabajadores de empresas
privadas como a profesionales liberales de todo tipo [27].
En el reparto de puestos de trabajo en la administración, en empresas, o en el partido, reside
sin duda una de las bases del apoyo social inquebrantable que fue capaz de cosechar la
dictadura. Un trabajo de este tipo, aunque mal remunerado, era mucho más de lo que la
mayoría podía soñar, y contribuía aun más a la división de la sociedad, entre los que comían
y salían adelante (los vencedores) y los que no. Esto ha llevado a algunos autores a hablar de
un nuevo resurgir del clientelismo, esta vez de Estado y de partido, también llamado
“clientelismo burocrático” (Robles Egea 242).
El final de la guerra trajo consigo una profunda transformación de las relaciones laborales
como consecuencia de la derrota total de la clase trabajadora. Una transformación que
consistió básicamente en la recuperación por parte de la patronal, y sin apenas
interferencias, de un amplio margen de maniobra a la hora de fijar las condiciones de
trabajo, al tiempo que las fuerzas militares de orden público les resolvían los conflictos
laborales.
El marco legal creado para la represión laboral se inaugura con la creación de la
Organización Sindical Española (OSE) en 1940 cuyas funciones básicas se resumen
en encuadrar, disciplinar, disuadir ante posibles actitudes de protesta y reprimir
eventualmente a los trabajadores. La Ley de Reglamentaciones de Trabajo (1942) sancionó
la incapacidad de los trabajadores para intervenir en la fijación de las condiciones laborales y
su subordinación a los propietarios. En teoría la fijación de esas condiciones era “función
privativa del Estado” y el Ministerio de Trabajo, instancias a las que sólo los propietarios, en
virtud de su independencia de facto de la OSE, podían acceder sin limitaciones. La Ley de
Contratos de Trabajo (1944) consagraba el deber de obediencia del trabajador hacia
el empresario, autorizando a éste último a castigar con sanciones o despidos cualquier falta
de disciplina. Finalmente las Magistraturas de Trabajo, especialmente durante las
dos primeras décadas, se aplicarían en la resolución, siempre individual, de los conflictos
laborales de forma coherente con el papel residual asignado al trabajador en la legislación. Y
a todo esto no hay que olvidar que la Ley de Rebelión Militar de 1943 (continuación del
bando de guerra del treinta y seis) tipificaba como delito de rebelión militar cualquier conato
de huelga o conflicto colectivo, circunstancia que volvió a ser recogida en el decreto de 21 de
septiembre de 1960 sobre bandidaje y terrorismo (puesta al día de las leyes marciales de
1943 y 1947).
La Ley de Convenios Colectivos de 1958, en ningún caso puede considerarse como un
avance en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, principalmente porque la
legislación represiva les impide o encarece la movilización de sus más elementales recursos
para la reivindicación (huelga, reunión, asociación y expresión). Tampoco el decreto de 1962
por el que se diferenciaba entre conflictos políticos y puramente laborales, puede
considerarse un avance, y menos aún el reconocimiento de la legalidad de la huelga, que
continuó prohibida. En el mejor de los casos se reconocía la existencia de conflictos
colectivos legales, que debían canalizarse por una multitud de vericuetos burocráticos que
anulaban la presión que pudieran ejercer los trabajadores, mientras se mantenía intacta la
capacidad sancionadora de los empresarios (sólo en 1974, 25.000 trabajadores fueron
suspendidos de empleo y sueldo, y 4.379 despedidos por participar en conflictos laborales).
Se trataba de hacer menos visible la acción represiva directa ante el aumento de la
conflictividad, pero no de rebajar los costes de la reivindicación laboral [28].
Desde diferentes instancias, por lo general diferentes de la historiografía más sólida, se suele
proyectar una imagen arcádica de las décadas de los sesenta y setenta en España, vinculada
al despegue económico del país y a la mejora de las condiciones de vida. A este respecto no
conviene olvidar algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar que esas mejoras (muy
evidentes porque se partía desde muy atrás) fueron posibles gracias por un lado, a la
continuación por otros medios del régimen de explotación laboral inaugurado después de la
guerra; la ecuación mayor productividad (más trabajo y en precarias condiciones) mayor
salario, o el pluriempleo, serían dos de sus ejemplos paradigmáticos. Y por otro, que fueron
las protestas encabezadas por la clase trabajadora las que propiciaron, con altos costes
represivos, la elevación de sus niveles de vida. Unas protestas que alcanzaron carta de
naturaleza en el marco de una política de rentas que fomentaba la acumulación de
beneficios por parte de las empresas, vía aumento de la productividad, al tiempo que se
impedía el despegue acompasado de los salarios. Una política, que como señalan Molinero e
Ysàs, proporcionaba mecanismos de control frente a las reivindicaciones obreras, y
mantenía vigente el pacto suscrito con la patronal en 1939.
Se trata por tanto de un modelo de crecimiento económico con serias deficiencias en cuanto
a políticas de redistribución de la riqueza, y marcado por el olvido de las políticas sociales y
severos contrastes territoriales. En 1970 existían en España más de ciento diez mil chabolas,
en las que se alojaban casi seiscientos mil españoles, y otro millón y medio de paisanos (el
10% de la población activa) se vio obligado a emigrar al exterior buscando un futuro mejor,
mientras sus remesas millonarias servían a la dictadura para cubrir el agujero de la balanza
de pagos.
(sigue)
la mayor importancia, como lo demuestra la preocupación y la repulsa que su utilización,
incluso con fines lúdico-festivos, suele despertar entre la ciudadanía. A pesar de ello, no
puede sino convenirse que la violencia no es algo extraño al ser humano, sino consustancial
al mismo y a las relaciones sociales. Su presencia, aunque con diferentes intensidades, es
una constante a lo largo de la historia lo que le ha valido ser considerada, no sin
merecimientos, como la “gran partera” de muchos de sus cambios fundamentales, si bien el
proceso general de civilización en relación con la violencia no es sino el resultado del
esfuerzo colectivo del ser humano para resolver conflictos por medios diferentes de los
violentos [1].
1. ¿Qué es la violencia política?
Dentro de las complejas clasificaciones a que se puede someter el fenómeno de la violencia,
la de carácter político tiene para los historiadores una trascendencia capital por la influencia
que suele desempeñar en los procesos de cambio, las justificaciones que su uso genera, o la
amplitud de formas e instrumentos con que se ejerce. Como se suele apuntar, violencia y
política deberían ser términos opuestos por cuanto la política no es sino el instrumento que
emplean las sociedades para evitar que los conflictos deriven en situaciones de violencia. La
práctica nos demuestra sin embargo la potente asociación entre ambos conceptos incluso en
las sociedades democráticas. Desde la publicación del Leviatán muchas teorías
consideran que la violencia es inherente a la acción política por cuanto el mantenimiento de
la paz social implica necesariamente que el Estado se erija como garante de la misma
asumiendo el monopolio exclusivo de la violencia. Pero para que se pueda hablar de
violencia en la política no es necesario que se produzcan episodios explícitos y radicales.
Como señala González Calleja, cuyos trabajos constituyen una referencia para esta
introducción, la política es persuasión y negociación, pero a la par utiliza demostraciones
potencialmente violentas como la presión o la amenaza, lo que le hace convenir junto a Peter
A. R. Calvert que buena parte de la actividad política no es más que el producto de una
violencia latente ritualizada (“Qué es y qué no es la violencia en política” 51). La violencia
en política adquiere así un carácter ambivalente, de una parte se la margina como
resultado del proceso de civilización que conduce a su reducción, pero por otra continúa
siendo un recurso más de la actividad. La violencia política no es por tanto algo excepcional
sino corriente.
Partiendo del hecho de que tampoco existe una definición unívoca y aceptada de violencia
política, considero que ésta queda bien perfilada si la consideramos como
El uso consciente (aunque no siempre deliberado o premeditado), o la amenaza del uso, de la fuerza
física por parte de individuos, instituciones, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los
espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de
gobierno, y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado. (“Violencia
política y represión en la España franquista” 122)
Pero al igual que sucede con la violencia genérica, los abundantes matices de la política no
se explican exclusivamente a partir del factor fuerza por cuanto este tipo de violencia suele y
puede adoptar “una forma latente” o “insidiosa” (miedo, autocensura) y mostrarse a través
de “sutiles mecanismos de presión psicológica” (“Qué es y qué no es la violencia en
política” 51-53) especialmente acompañando o con posterioridad a un periodo de represión
física.
El objetivo de toda violencia política es el poder (relación social que se define por la
capacidad de A para hacer que B le obedezca), cuya institucionalización conduce
necesariamente a una división entre gobernantes y gobernados que se relacionan a través
del principio incuestionable de la autoridad (capacidad de obtener obediencia, voluntaria
o forzada, a un mandato o prohibición bajo amenaza de punición), basada siempre, y con
independencia de su legitimidad, en el ejercicio de la fuerza. Cualquier Estado dispone de
unos recursos básicos, que se ubican en el marco de la violencia política, para imponer su
autoridad. Básicamente puede hablarse de tres: represión, control social y coacción legal.
La represión consiste en “el empleo de mecanismos de control y de sanción de
conductas que el poder establecido califica como desviadas” en el orden político, ideológico
o social y que “engloba un amplio abanico de actuaciones que pueden ir desde la violencia
física o psicológica hasta el dirigismo de conductas públicas y privadas”, punto este último
que se acercaría bastante al concepto de control social. El control social comprende
todos aquellos instrumentos de actuación, tanto positivos como negativos, que utiliza una
sociedad o grupo social para modelar a sus miembros a las normas que caracterizan la vida
comunitaria, e impedir y desanimar comportamientos que se desvíen de esas normas.
Cuando el Estado mantiene el orden a través del monopolio de la violencia con la
aquiescencia de la mayor parte de su ciudadanía y de acuerdo a un marco normativo y
jurídico, entonces puede hablarse de coerción legal (“El Estado ante la violencia” 365).
Será sobre los conceptos de represión y control social como manifestaciones concretas de la
violencia política, sobre los que descanse a partir de este momento mi discurso acerca del
caso concreto de la dictadura franquista.
2. La represión: clave de bóveda de la dictadura franquista
A diferencia de la republicana, en la España rebelde la represión tuvo un carácter
“absolutamente premeditado, sistemático, institucionalizado, hasta transformarse en un
objetivo en sí mismo” para la construcción del nuevo Estado (“De guerra contra el invasor a
guerra fraticida” 26). Las conocidas instrucciones reservadas del cerebro de la conspiración
a dos meses vista de la sublevación son una clara evidencia de la vocación exterminadora
con que nacía el movimiento subversivo, aunque con más claridad, si cabe, se expresaría el
19 de julio de 1936 cuando ordenaba: “sembrar el terror (…) eliminando sin escrúpulos ni
vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Así pues y desde el mismo momento
en que se inicia la subversión, la eliminación física del adversario político se convirtió en la
forma habitual de ejercer la autoridad por parte de los sublevados (Reig Tapia 126) [2], que
perseguían no sólo conquistar por la fuerza el poder político y la obediencia de los
ciudadanos, sino proteger y preservar el viejo orden económico y social amenazado por la
democracia, las reformas y las conquistas de las clases trabajadoras (“La sombra del
franquismo: ignorar la historia y huir del pasado” 8). Eso era lo que estaba en juego y esa es
sin duda la función social y la misión histórica del movimiento subversivo, liquidar
definitivamente el viejo conflicto por la hegemonía entre las clases tradicionalmente
dominantes y los colectivos populares organizados, que en el caso español puede
remontarse al menos hasta 1917.
La violencia ejercida por el Estado rebelde adquiere así un carácter estructural, en
primer lugar porque se desencadena para resolver un conflicto estructural, y después
porque acabó siendo “un elemento constitutivo del propio régimen, un pilar básico del
ordenamiento jurídico-político durante todas las fases por las que atravesó la dictadura” (“El
Estado ante la violencia” 391). En este sentido la represión franquista hay que entenderla
como una “estrategia múltiple” que no sólo sirve para la eliminación puntual de la disidencia
política y el escarmiento social, sino que pensando en el futuro, se mantiene para encarecer
al máximo los costes de cualquier oposición y propagar un sentimiento lo más amplio y
profundo posible de sumisión, pasividad y autocensura por el miedo que garantice la
estabilidad-perdurabilidad del régimen (“El Estado ante la violencia” 392) [3]. Para ello el
uso de la fuerza adoptó numerosas formas y dispuso de diferentes actores, pero siempre
ocupó un lugar central en la dictadura como herramienta básica del Estado para construir y
sostener el orden político, social, laboral, familiar, económico, religioso, etc., deseado. El
motivo no fue otro que la negativa sistemática por parte de sus dirigentes a poner en marcha
verdaderas políticas de reconciliación o de creación de una comunidad nacional integradora
[4]. Esa integración sólo era posible en el marco de la ortodoxia dictatorial por lo que la
fractura política y social permaneció siempre y limitó considerablemente la eficacia del
sistema (capacidad para encontrar soluciones reales a los problemas y demandas del
sistema político y social), convirtiéndose así la violencia en una parte insustituible del edificio
dictatorial.
3. Las caras del terror franquista
Con el final de una guerra suele sobrevenir indefectiblemente la paz. No fue el caso de
España en 1939, lo que constituye una excepción relevante si comparamos la española con
otras guerras civiles europeas que desembocan en el establecimiento de regímenes
dictatoriales reaccionarios. El primero de abril de 1939 sólo terminó la guerra oficial con
ejércitos y frentes, iniciándose otra no declarada pero igualmente devastadora, primero
contra el enemigo derrotado e inerte, y posteriormente contra cualquier tipo de disidencia o
amenaza interior. La paz fue cosa de media España, mientras la otra media agonizaba o se
la perseguía en virtud de la “ley de la victoria”.
3.1. La represión física
La política represiva franquista no responde a la aplicación de una nueva normativa
sancionadora sino a la perversa utilización de las disposiciones legales que la República
había empleado para su propia defensa. Los rebeldes se limitaron a declarar el estado de
guerra en todo el territorio que controlaban (situación excepcional que se prolongaría,
para combatir a la guerrilla, hasta el 7 de abril de 1948), y con esta rudimentaria base
jurídica, aplicada sistemáticamente desde el mismo 19 de julio, convirtieron en reos de
rebelión militar a todos aquellos que habían permanecido leales a la legalidad
constitucional por acción u omisión (amplísima tipificación del delito [5]) y con la única
finalidad de eliminar la disidencia.
El principal instrumento para el ejercicio de la represión física por motivos políticos fue la
justicia militar, ejercida de forma arbitraria y en ausencia de cualquier tipo de garantía
procesal. La jurisdicción castrense predominó de forma absoluta desde los inicios (la justicia
ordinaria se militarizó), lo que no significa que los militares acumulasen en exclusiva el
monopolio de la represión. Desde julio del treinta y seis y hasta más allá incluso de 1939,
fueron auxiliados en su macabra misión por civiles radicalizados, propietarios (Córdoba en
la posguerra 26) y falangistas en una suerte de violencia espontánea (ejecuciones sin
juicio que se producen en forma de paseo o en aplicación de la ley de fugas) que tuvo
especial incidencia durante los primeros meses de guerra y con la entrada de las tropas
rebeldes en pueblos ciudades. No fueron sin embargo hechos aislados, ni violencia
descontrolada, simplemente el Ejército permitió a estos grupos que comenzasen la tarea de
limpieza allí donde se suponía que el enemigo era más numeroso [6].
La cifra total de ejecuciones consumadas por el bando rebelde está todavía por
determinarse. Actualmente manejamos números fiables para 25 provincias totales y 7
parciales que arrojan una cantidad que supera los 90.000 republicanos asesinados, y que en
una proyección general podrían terminar convirtiéndose en unos 140.000 (Víctimas de la
guerra civil 411), [7] por lo general jornaleros y obreros manuales. Cualquiera que sea la
cifra, lo más importante es que cada una de esas víctimas responde a la vocación
aniquiladora de un movimiento subversivo que pretendía ser, en palabras de Queipo, “un
movimiento depurador del pueblo español”, lo que suponía deshacerse de todos aquellos
que hubieran intervenido, hasta en el grado más modesto, en los cambios que habían puesto
en jaque a todo un sistema de dominación, reeducar a los recuperables y “vigilar que en lo
sucesivo no pudiera volver a producirse una contaminación ideológica semejante”
(“Construyendo a Caín” 238). [8]
Como señalaba un fiscal en un consejo de guerra después de reconocer cuan poco le
importaba si los acusados eran o no inocentes, en realidad no era sólo el tribunal militar el
responsable de las sentencias de muerte que dictaba,
Son sus pueblos, sus enemigos, sus convecinos. Yo me limito a decir en voz alta lo que otros han
hecho en silencio. Mi actitud es cruel y despiadada y parece que sea yo el encargado de alimentar los
piquetes de ejecución para que no paren su labor de limpieza social. Pero no, aquí participamos
todos los que hemos ganado la guerra y deseamos eliminar toda oposición para imponer nuestro
orden. (Sabín 24)
Y no le faltaba razón, la denuncia o violencia desde abajo, fue sin duda el motor principal de
la justicia [9]. La represión física vino organizada desde arriba, por los militares, pero las
víctimas de los pelotones de fusilamiento y los inquilinos de las cárceles los proporcionó la
colaboración ciudadana. Los motivos que empujaban a la denuncia y la delación, son
numerosos. En primera instancia satisfacían las ansias de venganza de familiares y amigos
contra los que consideraban responsables directos o indirectos de la muerte de sus deudos,
aunque con mucha frecuencia la denuncia solía responder a viejas rencillas personales o
laborales así como al ansia de rapiña sobre los bienes de los vencidos. La denuncia fue
también la consecuencia deseada del terror desatado por el bando rebelde: una delación
realizada a tiempo y con cruel resolución podía evitar que la represión terminase
dirigiéndose contra uno mismo. El miedo, el ambiente social irrespirable para el vencido y el
encanallamiento de las relaciones sociales en la posguerra que el nuevo régimen fue capaz
de difundir, llegó hasta el extremo de quebrar convicciones, lazos afectivos y de solidaridad
en los vecindarios, que organizaron la propia depuración de su entorno permitiendo así a la
justicia militar llegar a donde jamás hubieran podido llegar. Finalmente señalar que la
denuncia y la delación fue para muchos “el primer acto político de compromiso con la
dictadura” (“Una dictadura de cuarenta años” 32) [10]. Un número considerable de
españoles, para nada limitado a la temida tríada local compuesta por el cura, el alcalde y la
guardia civil, selló de esta manera un pacto de sangre con la dictadura que facilitó, junto
al botín material obtenido, la cohesión entre los vencedores, y dificultó que con el tiempo se
impusiera un proyecto reconciliador. Aunque tampoco hay que sorprenderse, la rebelión
contó con una base social razonablemente amplia que luego juzgó necesaria la purificación
de la sociedad por la represión. La dictadura no fue por tanto el resultado de la expropiación
de las libertades y los derechos conquistados por un puñado de militares reaccionarios, ni la
represión producto del monopolio de la fuerza y la coerción por parte de militares y policías.
Si no comprendemos esto, difícilmente entenderemos la supervivencia y la consolidación de
la dictadura.
La de los cuarenta fue sin duda una década consagrada a la violencia física y durante la
misma el régimen puso de manifiesto hasta dónde estaba dispuesto a llegar para
mantenerse vigente. Pero es un error identificar violencia física y años cuarenta. Si la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones, fue una constante durante toda la dictadura,
la física no fue una excepción, y solo su amplitud, no su intensidad, marca diferencias entre
la primera etapa y las posteriores. Castigado el republicanismo y el izquierdismo hasta en
sus más nimias manifestaciones, el miedo inoculado entre la población se convertirá en un
eficaz mecanismo auxiliar de la red de vigilancia y control, formal e informal, diseñada por la
dictadura [11], así como en el conductor de una extensa, aunque relativa, desmovilización. El
carácter antieconómico de la represión indiscriminada, pero especialmente la progresiva
integración de la dictadura en la comunidad política y económica internacional, contribuyó a
fortalecer la sensación de seguridad en el seno del régimen, por lo que de cara a favorecer su
imagen exterior, la transformación de la represión indiscriminada en otra mucho más
selectiva pero igualmente dura (aunque menos eficaz) acabó por convertirse en la opción
más conveniente y deseable.
Tras acabar con la guerrilla, los enemigos del treinta y seis quedaron eliminados, silenciados
o exiliados, pero pronto aparecería otro mucho más difuso, menos organizado y por tanto
más difícil de controlar, integrado por las nuevas generaciones de la posguerra. De los
productores disciplinados de antaño comenzaron a brotar minorías subversivas, y entre
los estudiantes universitarios creció un inconformismo creciente con un sistema inmóvil que
ni comprendían ni les satisfacía. Todos ellos, junto con los dirigentes políticos y sindicales en
la clandestinidad (cuyas organizaciones fueron desarticuladas una y otra vez desde la
segunda mitad de los cuarenta) se convertirían, especialmente a partir de la década de los
cincuenta, en objeto preferente de la represión política. Cárcel, palizas y disparos a
manifestantes con resultado de muerte [12], y torturas (tristemente famosas fueron las
comisarías de Vía Laietana o la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol) fueron
los procedimientos más utilizados, que se complementaban con multas, despidos y
deportaciones.
La pena de muerte continuó no sólo vigente, sino en uso, no hay que olvidarlo, siendo sus
principales destinatarios, pero no exclusivos, miembros de grupos terroristas (ETA y FRAP).
Contabilidad al margen, una de las diferencias más importantes entre la represión de los
cuarenta y la posterior, fue sin duda su eficacia. La intensidad de la represión contra
trabajadores, universitarios, sacerdotes comprometidos y el entorno del terrorismo vasco
durante los sesenta y setenta, contribuyó al debilitamiento de la dictadura, ya que lejos de
desactivar los movimientos de oposición y reivindicación, los reforzó gracias, entre otros
factores, a la repercusión internacional de las acciones represivas.
3.2. La represión económica
Con la proximidad del final de la guerra y en la inmediata posguerra, el bando rebelde
realizó algunos esfuerzos legislativos con la finalidad de perfeccionar y mantener elevado el
nivel de terror que venía sosteniendo desde 1936. El objetivo último no era otro que evitar
que los desafectos pudieran disfrutar del más leve respiro jurídico, que se sintieran
seguros. De tal manera que durante la posguerra asistimos al levantamiento frente a los
vencidos de un muro conformado por una multiplicación de órganos jurisdiccionales
especiales [13] con una única finalidad: servir de instrumento para la persecución y castigo
del vencido y el enemigo político [14]. No me detendré en la enumeración y el análisis de
esta prolija legislación represiva [15], simplemente quisiera señalar que si bien el régimen se
encargó, con el tiempo, de ir modificándola para adecuarla a las cambiantes circunstancias,
a cada ley que derogaba le seguía otra de similares características (“Una dictadura de
cuarenta años” 23) que mantuvo intacto el estado de excepción permanente y el
protagonismo de la jurisdicción militar desde 1936 hasta más allá de 1975.
De entre ese muro (integrado, entre otras, por las durísimas disposiciones de la Ley de
Rebelión Militar de 1943 o la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de
1940), cabría destacar la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) por constituir la
vertiente legal o judicial del expolio económico de los vencidos. Se trataba de una ley
aberrante que permitía a los tribunales dictaminar responsabilidades civiles con carácter
retroactivo desde octubre de 1934 y póstumo. La norma ampliaba considerablemente el
campo potencial de actuación sobre la delincuencia política punible respecto a la no
colaboración por acción u omisión al triunfo de la rebeldía, a la filiación partidaria, sindical o
masónica, a la participación electoral o gubernamental durante el régimen republicano, y a
cualquier actuación que pudiera interpretarse como favorecedora de un estado de cosas
que, decían, obligó finalmente a la intervención militar (“El Estado ante la violencia” 394).
A través de una deliberada ampliación del hecho delictivo y la obligación de las familias de
responder por las sanciones que se imponían a sus miembros vivos, muertos, exiliados o
desaparecidos, se ha escrito que la LRP actuó como agente democratizador del miedo.
Su función no era recaudatoria, la prueba es que al tratarse de expediente incoados
mayoritariamente a obreros terminaban siendo sobreseídos por insolvencia, sino intimidar y
desmovilizar, servir de escarmiento complementario al vencido (todos los condenados por
un consejo de guerra fueron también expedientados por el TRP) y mostrarle el precio de
meterse en política (“La represión en la posguerra” 343). Para los que tenían algún tipo de
bienes, un expediente del TRP (que podía iniciarse con una simple denuncia por parte de
individuos de probada solvencia moral y política) suponía, en palabras de Marc Carrillo,
la “muerte civil”, la ruina del encausado y su familia [16]. Después de abrir unos trescientos
mil, en 1945 se decretó la no apertura de nuevos expedientes, pero los antiguos continuaron
su tramitación hasta mediados de los años sesenta.
Pero como señalaba al inicio, esta sólo fue la vertiente legal del expolio al vencido (o
“desamortización de bienes marxistas” como la ha llamado Francisco Espinosa), que como
sucedió con la física, tuvo otra absolutamente ilegal y arbitraria que perfectamente puede
calificarse de robo y rapiña aprovechando la postración de los vencidos y de la que todavía
no sabemos demasiado. Conocidas son las razzias protagonizadas por las tropas moras
al servicio de Franco, las casas de las personas de izquierda, muchas veces fusiladas o en el
exilio (caso de intelectuales y políticos) fueron desvalijadas o incautadas, multitud de
propiedades y negocios cambiaron de manos o fueron cerrados por los nuevos jerifaltes
como represalia o como fórmula para acabar con la competencia [17]. Con todo, lo peor
parece que fue lo que sucedió en las zonas rurales con las Comisiones de Recuperación
Agrícola, encargadas de desmantelar las colectividades agrarias y gestionar la devolución
de las fincas a sus propietarios. Un desmantelamiento que se convertiría en un suculento
negocio para los propietarios partícipes de la victoria que recuperarían lo que era suyo, y de
paso, se apoderarían, en el mejor de los casos pagando precios irrisorios, de tierras, aperos,
bestias y cosechas que no lo eran. Las colectividades se crearon con tierras incautadas a
propietarios desafectos a las que se unieron, voluntariamente o no, otros muchos de diversa
ideología y que en 1939 ni se atrevieron a reclamar lo que les pertenecía (algunos porque
desde la propia localidad se les impidió regresar donde habían dejado familia y bienes), esos
excedentes del miedo se los repartirían obscenamente los vencedores. A todo ello habría que
unir desahucios ilegales de arrendatarios con derechos consolidados, propietarios que, por
pura venganza, se negaron a dar empleo a los jornaleros [18], y el regreso a los campos de
España del “señoritismo de la peor calaña” por el cual volvieron a abonar por salario lo que
les venía en gana y los malos usos laborales de siempre (Bernal 132).
3.3. El exilio
El exilio forzado para escapar de las represalias que les reservaban, por rojos, separatistas
y republicanos, las tropas de Franco en el final de la guerra, no es, como dice la profesora
Mir, ninguna cuestión menor, sino una forma más de represión que como la mayoría
presenta una doble y trágica vertiente. De una parte la que afecta directamente al sujeto que
se extraña, y de otra las “consecuencias que el exilio tuvo sobre la vida cotidiana de quienes
quedaron al frente de hogares deshechos, especialmente mujeres” así como en la influencia
que este fenómeno tuvo “en la disgregación de familias, de las que, en algunos casos no ha
quedado el menor rastro” en los lugares donde vivieron, víctimas de la marginación y la
exclusión a que la dictadura sometió a todo aquello que recordase a los exiliados (“El sino de
los vencidos” 155).
Con la caída de Cataluña salieron hacia Francia unos 470.000 españoles, ciento setenta mil
de ellos mujeres, ancianos o niños, a los que hay que añadir otros 15.000 que marcharon a
las posesiones galas del norte de África tras la caída del centro peninsular. Inglaterra se
negaría a recibir a los rojos españoles en consonancia con la actitud de desprecio hacia
la República que sostuvo desde 1931. La acogida que dispensaron las autoridades francesas
a aquella masa de infortunados no pudo ser peor. En un contexto de crisis de la identidad
nacional francesa, los republicanos españoles fueron acogidos como merecía un peligroso
hatajo de indeseables, de forma hostil y humillante. Bestias, horda maldita, residuos,
amenaza, torturadores, criminales o violadores, fueron algunos de los calificativos que una
parte prensa francesa dedicó a los refugiados (Vilanova 94), que en primera instancia
constituían un problema de gravedad en materia sanitaria, humanitaria, laboral, diplomática
y de orden público. Planteada de esta manera la cuestión de los republicanos, el gobierno
francés volvió a cerrar los ojos ante lo que sucedía en España y apostó por las repatriaciones
negociadas, alentadas también cínicamente desde el otro lado de los Pirineos [19], y que
reducirían considerablemente el número de refugiados en el país vecino, donde por otra
parte sólo habían encontrado lo mismo que les aguardaba en España, campos de
concentración, cárceles, hambre, golpes y desprecio.
Eso sí, cuando con el paso de los meses comenzaron a concretarse los peores augurios con
respecto a Alemania, la Francia democrática no dudó en utilizar a los refugiados españoles
(en 1949 quedaban unos 125.000) para las más diversas tareas por el interés económico y
militar de la nación. En abril de 1940 había 55.000 españoles en Compañías de Trabajadores
Extranjeros, 40.000 bajo control del Ministerio de Trabajo incorporados a la industria y
la agricultura (todos ellos en régimen de semi-esclavitud y bajo disciplina militar), 6.000
entre la Legión y Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros (sin los derechos de un
francés), y 3.000 no aptos para trabajo alguno, en campos de concentración. La derrota
francesa frente a Alemania añadiría nuevas penalidades para todos aquellos refugiados,
especialmente para aquellos enviados a las zonas de ocupación. De nuevo campos de
concentración y trabajos forzados en ambas zonas, y ahora también campos de exterminio,
allí terminarían, con la connivencia de la dictadura española, unos 15.000 españoles (unos
8.000 a Mauthausen, de categoría III para irrecuperables políticos) de los que sobrevivirían
apenas la mitad [20].
3.4. España, una inmensa prisión
Si Hitler y Mussolini, en tiempos de paz, no mataron tanto como Franco (Malefakis 47),
tampoco ninguna dictadura coetánea encarceló tanto como la franquista. El primer eslabón
del universo penitenciario y de la cadena represiva franquista fueron los campos de
concentración, que si bien existieron en ambos bandos durante toda la guerra, proliferarían
tras el derrumbe del ejército republicano. Existieron entre 150 y 188 campos de
concentración por los que se cree que pasaron al menos 367.000 prisioneros. La mayoría de
estos campos sirvieron para acoger al cautivo y desarmado ejército republicano y proceder
al esclarecimiento de las responsabilidades por las que habrían de responder cada uno de
sus miembros. Como el régimen no podía pedir informes individualizados de cada uno de
sus miles de prisioneros, cada uno de ellos debía solicitar a su lugar de residencia el aval
(“avalado sea Dios”, se decía) correspondiente, iniciándose en este punto y paralelamente
las penalidades y humillaciones que habrían de soportar sus familias durante su cautiverio.
Tenían por tanto estos campos de concentración un carácter preventivo (no se cumplían
penas sino que constituían la antesala de la justicia), clasificatorio y provisional (estaban
pensados para desaparecer) (Rodrigo 19). No fueron campos de exterminio, pero comparten
con ellos algunas estrategias entre las que se incluyen las ejecuciones aleatorias o selectivas,
y la consideración del preso como una degeneración execrable y peligrosa de la raza
humana por la cual estaba perfectamente justificado y se consideraba hasta necesario, su
castigo, humillación y eliminación [21].
Aquellos que en primera instancia lograron salvar la vida, terminarían en el exuberante
dispositivo carcelario franquista montado improvisadamente a lo largo y ancho de toda la
geografía nacional aprovechando casi cualquier edificio con cuatro paredes. Allí esperarían,
algunos presos durante más de una década, su obligado paso por los consejos de guerra o el
cumplimiento de las sentencias, convirtiéndose de esta manera la cárcel en el eje alrededor
del cual giraba no sólo la desesperación del preso, sino también de sus familias, muchas de
ellas desplazadas, que se desvivían por hacerles llegar el alimento que dentro no recibían.
La cárcel, como ya señaló Ortiz Heras, constituye la pieza clave de la represión franquista
(Violencia política en la II República y el primer franquismo 308), y como tal acumula
las esencias del nuevo orden político y social instaurado tras la sublevación. La prisión no es
tan sólo el instrumento para el mantenimiento del sistema “sino que la prisión constituye el
núcleo mismo del ejercicio del poder” (“La institucionalización del universo penitenciario
franquista” 135), y su análisis nos revela las claves de la nueva relación entre vencedores y
vencidos: sumisión, jerarquía, disciplina y esfuerzo-sacrificio. Si la reclusión y el aislamiento
son las formas tradicionalmente consideradas adecuadas para hacer pagar por las ofensas a
un determinado sistema de dominación, el franquismo conseguirá dar una vuelta de tuerca
al clásico vigilar y castigar que, en palabras de Ricard Vinyes, ahora será sustituido
por “doblegar y transformar” como finalidad última del sistema penitenciario. Un sistema
que funcionó como “una gran industria” cuya maquinaria se encargó de ejecutar todo un
elenco de actuaciones (políticas, culturales, sociales y económicas) con el objeto de “obtener
la transformación existencial completa de los capturados y, por extensión, de sus familias”
(“El universo penitenciario durante el franquismo” 156). El proceso comenzaba por someter
al recluso a la más absoluta e intensa desposesión material por el hambre, la enfermedad,
las humillaciones derivadas del hacinamiento, las palizas, la suciedad, o la presión de los
sacerdotes aprovechando las necesidades del preso y sus familias, para terminar con la
pérdida de sus defensas psicológicas y la transformación del preso en una nada sumisa y sin
voluntad. Obtenían así una degradación integral de la persona porque “un ser humano
degradado y cosificado” (“La represión en la posguerra” 289) es luego incapaz de caer en la
tentación de organizarse políticamente.
La fórmula anterior, como acertadamente señala Vinyes, debió aportar los resultados
importantes con los que él denomina “presos anteriores”, es decir, con la masa heterogénea,
caótica y desmesurada de presos por causas de guerra. Padecieron calamidades
inenarrables, pero su número obligó al Estado a indultarles finalmente. Cosa diferente fueron
los “presos posteriores”, aquellos que conscientes de las consecuencias osaron desafiar a los
vencedores. Ellos estaban preparados y organizados, sabían desarrollar estrategias para
sostener su condición e identidad, y como tales padecieron sofisticadas torturas (no simples
palizas que terminaban con la vida del preso y la aplicación de la Ley de Fugas), fueron
separados del resto, recibían las condenas en firme más duras y no podían ser indultados.
Como sucedía con los fusilados, tampoco con los presos estamos en condiciones de ofrecer
un número certero de los que fueron. La cifra más utilizada es la oficial del Ministerio de
Justicia publicada en 1946 y que fijaba exactamente su cantidad para 1940 en 280.000,
aunque diferentes interpretaciones sobre esta contabilidad hacen presumir un número
superior. En cualquier caso la capacidad carcelaria española en 1939 era de apenas dos
decenas de miles, lo que generó un problema de gran magnitud tanto para los presos, que
se morían de hambre y enfermedades, como para el Estado por otros motivos. A la dictadura
le preocupaba el colapso de la administración de justicia, el dinero que costaba mantener
aquel derroche punitivo, y la inseguridad creciente de unas cárceles en las que no se quería
gastar. Preocupaciones a las que se podrían añadir la falta de brazos en las faenas agrícolas
y el colapso de las instituciones benéficas, especialmente Auxilio Social, con niños, mujeres y
ancianos desamparados por falta de su mantenedor [22]. Todo ello, y no razones de
humanidad, determinó la publicación de sucesivos indultos entre 1940 y 1945 que terminaron
con el problema penitenciario, eso sí, de una forma perfectamente organizada y controlada.
Previamente el Estado se había preocupado de crear un órgano que conectase el sistema
penitenciario con los poderes locales (Servicio de Libertad Vigilada, 22 mayo 1943) y
que obligaba al liberto a presentarse periódicamente en el cuartel de la guardia civil con la
excusa de tutelar su reinserción. La realidad era que el régimen se aseguraba un perfecto
control sobre el excarcelado y su entorno, al tiempo que lo exponía a pública vergüenza. Los
pueblos se convirtieron así en una cruel prolongación del espacio carcelario donde no
faltaron ni las palizas ni las coacciones, hasta el punto de que muchos libertos se verían
abocados a escoger entre la marginalidad, el suicidio o el monte.
Pero antes de decidirse a vaciar las cárceles de anteriores, la dictadura supo encontrar una
vía intermedia entre el antieconómico cumplimiento inflexible de las condenas impuestas, y
medidas de amnistía que pudieran dar la impresión de debilidad o de que los reos habían
sido en realidad injustamente condenados. Me refiero a la creación por el Ministerio de
Justicia del sistema de Redención de Penas por el Trabajo (7 octubre 1938) que permitía
a reclusos con un perfil muy determinado redimir su pena a cambio de trabajo. Proclamas
redentoristas y réditos simbólicos o propagandísticos al margen, la dictadura buscó y
encontró la rentabilidad económica de una parte de su inmensa población carcelaria que,
convertida en mano de obra barata a disposición del Estado o alquilada a empresas privadas,
colaboró a financiar el sistema represivo, engordó la cuenta de resultados de industrias y
constructoras afines y, a cambio de un pequeño salario, aliviaría la situación desesperada en
que se encontraban sus familias, para quienes y dicho sea de paso, las oficinas de cobro se
convertirían en un instrumento más de control y vigilancia [23].
Después de la década de los cuarenta y hasta más allá de la muerte del dictador, la cárcel
continuaría siendo el eje vertebrador de la represión franquista, que continuó encarcelando
con normalidad a sus opositores previa condena por los tribunales militares. La imagen de
los presos del franquismo continúa siendo la de la masa de republicanos derrotados, y bien
está que así sea, pero ni su número ni sus terribles sufrimientos deben eclipsar la realidad
penitenciaria posterior que compartieron, en diferentes grados, decenas de miles de
españoles [24], generalmente por no resignarse y atreverse a ejercer los derechos
arrebatados a sus padres.
3.5. Los niños perdidos
Las mujeres y los niños rojos también formaron parte del universo penitenciario
franquista. Ellos también perdieron la guerra. Para 1940 sabemos que las cárceles españolas
acogían a más de 20.000 presas políticas y como en el caso de los varones, su ingreso no
tenía por qué guardar relación con un compromiso político, en este caso bastaba con ser
esposa o madre de rojo, lo que equivalía a no haber sabido cumplir con su misión específica
como mujer y llevar a sus varones por la senda correcta. Eran tan responsables de lo
sucedido como los hombres, por lo que recibirían un trato igualmente cruel y vejatorio para
que a través del dolor, la miseria y el adoctrinamiento encontrasen finalmente el camino de
la purificación. Una cruel y dolorosa tarea de la que participarían gustosamente las religiosas
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2005 “por su excepcional labor social y humanitaria (…) desarrollada de una manera
ejemplar durante cerca de cuatro siglos”, y responsables de los infiernos terrenales que
fueron prisiones como Ventas o Les Corts [25].
Al sufrimiento físico y psicológico dispensado a la mujer presa especialmente, pero también
al hombre, el régimen añadió otro suplementario que tuvo por objeto a su posesión más
amada: sus hijos. Aquellos que tuvieron la no pequeña fortuna de sobrevivir en prisión junto
a su madre hasta los cuatro años, y también muchos que por su edad no llegaron a ingresar,
fueron legal y arbitrariamente derivados hacia el extenso espacio tutelar diseñado por el
Estado y del que eran responsables falangistas y católicos. Una red asistencial que,
apoyándose en los delirios eugenésicos del doctor Vallejo Nágera, debía servir para
combatir la propensión degenerativa de los niños criados en un ambiente republicano
mediante la educación en los valores del régimen y la eliminación de su memoria de
cualquier referencia, por nociva, a sus progenitores. Según investigaciones recientes, se
dieron casos de lavado de identidad hasta el punto de que hubo niñas (objeto preferente de
estas tutelas) que llegaron a aborrecer a sus padres biológicos y tomaron los hábitos tras
asumir la “culpa” derivada de su “criminalidad”.
Para gestionar la tutela y reeducación de los hijos de preso por el Estado, se creó en 1943 el
Patronato de San Pablo, que con 258 centros administró las vidas de más de treinta mil
niños hasta 1954. Son los que Vinyes, Armengol y Belis han definido como “nuestros niños
perdidos”. Perdidos porque se negó a sus padres el derecho a educarlos, y perdidos
físicamente durante años o para siempre [26]. En esa categoría podrían incluirse los
afectados por la ley de 4 de diciembre de 1941, por la cual todos aquellos niños repatriados,
cuyos padres no fueran localizados y no recordasen su nombre, podían ser inscritos con un
nombre distinto. Con esta medida se permitía que hijos de fusilados, presos, exiliados o
desaparecidos, pudieran ser adoptados por familias adictas al régimen.
3.6. Represión laboral
El trabajo, como cualquier otro medio de supervivencia en la España de posguerra, se
convirtió en una parte fundamental del botín de la victoria, en la recompensa para todos
aquellos que habían colaborado en el triunfo de la sublevación. Para ello vieron la luz la ley
para la depuración del funcionariado (10 febrero 1939) y la de empleo público (25 agosto
1939). La primera perseguía desalojar de la administración pública a todo el personal que no
pudiese acreditar su afección a la rebeldía, privar de su trabajo y medio de vida a los
desafectos (a veces condenándolos, por edad y habilidades, a la marginalidad), eliminar toda
su influencia social y, finalmente y aprovechando el hueco creado, asegurar un puesto de
trabajo a los más fieles. La segunda consagraba precisamente esta última circunstancia al
reservar el 80% de las plazas que saliesen a concurso para los apoyos de la dictadura:
mutilados, oficiales provisionales, excombatientes, huérfanos de la represión republicana,
etc. La purga más feroz, quizá por ser la mejor estudiada, se desató contra la mejor
realización de la República, la educación, pero no hay que perder de vista que las hubo
también fuera de la administración pública y afectaron tanto a trabajadores de empresas
privadas como a profesionales liberales de todo tipo [27].
En el reparto de puestos de trabajo en la administración, en empresas, o en el partido, reside
sin duda una de las bases del apoyo social inquebrantable que fue capaz de cosechar la
dictadura. Un trabajo de este tipo, aunque mal remunerado, era mucho más de lo que la
mayoría podía soñar, y contribuía aun más a la división de la sociedad, entre los que comían
y salían adelante (los vencedores) y los que no. Esto ha llevado a algunos autores a hablar de
un nuevo resurgir del clientelismo, esta vez de Estado y de partido, también llamado
“clientelismo burocrático” (Robles Egea 242).
El final de la guerra trajo consigo una profunda transformación de las relaciones laborales
como consecuencia de la derrota total de la clase trabajadora. Una transformación que
consistió básicamente en la recuperación por parte de la patronal, y sin apenas
interferencias, de un amplio margen de maniobra a la hora de fijar las condiciones de
trabajo, al tiempo que las fuerzas militares de orden público les resolvían los conflictos
laborales.
El marco legal creado para la represión laboral se inaugura con la creación de la
Organización Sindical Española (OSE) en 1940 cuyas funciones básicas se resumen
en encuadrar, disciplinar, disuadir ante posibles actitudes de protesta y reprimir
eventualmente a los trabajadores. La Ley de Reglamentaciones de Trabajo (1942) sancionó
la incapacidad de los trabajadores para intervenir en la fijación de las condiciones laborales y
su subordinación a los propietarios. En teoría la fijación de esas condiciones era “función
privativa del Estado” y el Ministerio de Trabajo, instancias a las que sólo los propietarios, en
virtud de su independencia de facto de la OSE, podían acceder sin limitaciones. La Ley de
Contratos de Trabajo (1944) consagraba el deber de obediencia del trabajador hacia
el empresario, autorizando a éste último a castigar con sanciones o despidos cualquier falta
de disciplina. Finalmente las Magistraturas de Trabajo, especialmente durante las
dos primeras décadas, se aplicarían en la resolución, siempre individual, de los conflictos
laborales de forma coherente con el papel residual asignado al trabajador en la legislación. Y
a todo esto no hay que olvidar que la Ley de Rebelión Militar de 1943 (continuación del
bando de guerra del treinta y seis) tipificaba como delito de rebelión militar cualquier conato
de huelga o conflicto colectivo, circunstancia que volvió a ser recogida en el decreto de 21 de
septiembre de 1960 sobre bandidaje y terrorismo (puesta al día de las leyes marciales de
1943 y 1947).
La Ley de Convenios Colectivos de 1958, en ningún caso puede considerarse como un
avance en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, principalmente porque la
legislación represiva les impide o encarece la movilización de sus más elementales recursos
para la reivindicación (huelga, reunión, asociación y expresión). Tampoco el decreto de 1962
por el que se diferenciaba entre conflictos políticos y puramente laborales, puede
considerarse un avance, y menos aún el reconocimiento de la legalidad de la huelga, que
continuó prohibida. En el mejor de los casos se reconocía la existencia de conflictos
colectivos legales, que debían canalizarse por una multitud de vericuetos burocráticos que
anulaban la presión que pudieran ejercer los trabajadores, mientras se mantenía intacta la
capacidad sancionadora de los empresarios (sólo en 1974, 25.000 trabajadores fueron
suspendidos de empleo y sueldo, y 4.379 despedidos por participar en conflictos laborales).
Se trataba de hacer menos visible la acción represiva directa ante el aumento de la
conflictividad, pero no de rebajar los costes de la reivindicación laboral [28].
Desde diferentes instancias, por lo general diferentes de la historiografía más sólida, se suele
proyectar una imagen arcádica de las décadas de los sesenta y setenta en España, vinculada
al despegue económico del país y a la mejora de las condiciones de vida. A este respecto no
conviene olvidar algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar que esas mejoras (muy
evidentes porque se partía desde muy atrás) fueron posibles gracias por un lado, a la
continuación por otros medios del régimen de explotación laboral inaugurado después de la
guerra; la ecuación mayor productividad (más trabajo y en precarias condiciones) mayor
salario, o el pluriempleo, serían dos de sus ejemplos paradigmáticos. Y por otro, que fueron
las protestas encabezadas por la clase trabajadora las que propiciaron, con altos costes
represivos, la elevación de sus niveles de vida. Unas protestas que alcanzaron carta de
naturaleza en el marco de una política de rentas que fomentaba la acumulación de
beneficios por parte de las empresas, vía aumento de la productividad, al tiempo que se
impedía el despegue acompasado de los salarios. Una política, que como señalan Molinero e
Ysàs, proporcionaba mecanismos de control frente a las reivindicaciones obreras, y
mantenía vigente el pacto suscrito con la patronal en 1939.
Se trata por tanto de un modelo de crecimiento económico con serias deficiencias en cuanto
a políticas de redistribución de la riqueza, y marcado por el olvido de las políticas sociales y
severos contrastes territoriales. En 1970 existían en España más de ciento diez mil chabolas,
en las que se alojaban casi seiscientos mil españoles, y otro millón y medio de paisanos (el
10% de la población activa) se vio obligado a emigrar al exterior buscando un futuro mejor,
mientras sus remesas millonarias servían a la dictadura para cubrir el agujero de la balanza
de pagos.
(sigue)
| Damián A. González Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha |
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| Violencia política y dictadura franquista |